¿Qué es una declaración de accesibilidad?

El término genera confusión porque en la normativa europea de accesibilidad existen dos documentos distintos, y no son intercambiables.

La declaración de conformidad UE es para productos: teclados, cajeros automáticos, lectores de libros electrónicos. La regulan el artículo 16 y el anexo IV de la Directiva (UE) 2019/882. El fabricante evalúa internamente que el producto cumple los requisitos, coloca el marcado CE y archiva la declaración.

La declaración de accesibilidad es para servicios: una tienda online, una app bancaria, un portal de venta de billetes. La regulan el artículo 13 y el anexo V de la misma directiva. El prestador no certifica nada ante un organismo externo. Evalúa por su cuenta si el servicio cumple el anexo I y publica esa evaluación.

El nombre no es nuevo en España. Desde 2018 lo usa el Real Decreto 1112/2018 para las webs y apps del sector público, con una plantilla oficial de la Comisión Europea. La Ley 11/2023, que traspone la directiva de 2019 para empresas privadas, regula la misma obligación en su artículo 13, pero no la bautiza con ese nombre: habla de información sobre el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad. En la práctica, el sector sigue llamándola declaración de accesibilidad.

El anexo V fija el contenido mínimo. La declaración debe incluir una descripción general del servicio en formatos accesibles, una explicación de cómo funciona, y un repaso de cómo se cumple cada requisito del anexo I: navegación por teclado, contraste, subtítulos, compatibilidad con lectores de pantalla, entre otros. También debe decir qué partes no se cumplen todavía, y por qué.

La Ley 11/2023 obliga a publicarla en las condiciones generales de contratación o en un documento equivalente, en formato escrito y oral, accesible para personas con discapacidad, y a mantenerla mientras el servicio siga operativo.

No existe una plantilla oficial específica para esta declaración bajo la Ley 11/2023 o la Directiva (UE) 2019/882. Sí existe una plantilla oficial, pero es de otra norma: la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1523, de 11 de octubre de 2018, pensada para las webs del sector público bajo la Directiva 2016/2102. Muchas empresas privadas la adaptan por costumbre, no por obligación legal.

La base técnica habitual es la norma EN 301 549, que traduce los requisitos legales en criterios verificables de WCAG y sirve de referencia común para evaluar cada punto del anexo I. Su versión vigente, la 3.2.1, exige el nivel AA de WCAG 2.1; una versión 4.1.1 con WCAG 2.2 está prevista para 2026, sin fecha de publicación confirmada al cierre de este texto.

Quién revisa el documento: las autoridades de vigilancia del mercado designadas por cada administración. En España existe además, desde el 27 de febrero de 2026, una Unidad técnica de apoyo y coordinación, creada por el Real Decreto 143/2026, que actúa como autoridad supletoria donde ninguna otra se ha designado.

La declaración de accesibilidad es lo primero que pide una autoridad de vigilancia cuando investiga una queja. El artículo 13 obliga al prestador a conservarla mientras el servicio esté activo y a responder con pruebas de conformidad si la autoridad la reclama. Sin ella, no hay nada que enseñar.

En España, si no existe un régimen sancionador propio del sector implicado, se aplica de forma supletoria el Real Decreto Legislativo 1/2013: hasta 30.000 euros por infracción leve, hasta 90.000 euros por infracción grave, según remite el artículo 20 de la Ley 11/2023.

También sirve como prueba frente a un usuario que reclama. Un texto fechado que dice qué funciona y qué no es más difícil de rebatir en una reclamación que el silencio o una frase genérica del tipo "la web es accesible".

Un comprador público que evalúa proveedores antes de firmar un contrato también la revisa: sin ella, no puede acreditar que su propia compra cumple los requisitos de accesibilidad que le exige la administración.

Cuando un prestador invoca la carga desproporcionada del artículo 14 de la directiva para no aplicar algún requisito, debe documentar esa evaluación, conservarla durante cinco años y facilitarla a la autoridad de vigilancia si la reclama.

Hay un efecto menos evidente: publicar carencias conocidas obliga a mantener una lista viva. Una empresa que la actualiza de verdad detecta antes sus propios problemas de accesibilidad, antes de que los detecte un usuario o una autoridad.

• Escribe una fila por cada requisito del anexo I, no un párrafo genérico: qué se cumple, qué no, y desde cuándo.
• Publica un canal de contacto real para quejas de accesibilidad, con un plazo de respuesta comprometido.
• Fecha cada revisión y repítela al menos una vez al año o después de cualquier cambio relevante del servicio.
• Si partes de la plantilla de la Decisión 2018/1523, quita las secciones pensadas solo para organismos públicos.
• Guarda la versión anterior cada vez que actualices la declaración, para poder demostrar qué decía en una fecha concreta.
• Enlaza la declaración desde el pie de página o el menú de ayuda; no la dejes en una URL sin enlazar desde ningún sitio.

• Confundir la declaración de accesibilidad con la declaración de conformidad UE y publicar la del producto en vez de la del servicio.
• Copiar entera la plantilla del sector público (Decisión 2018/1523), con cláusulas sobre organismos públicos que no aplican a una empresa privada.
• Escribir que el servicio es totalmente accesible sin haber revisado el anexo I punto por punto.
• Dejar la declaración sin fecha de la última revisión, lo que la vuelve inútil como prueba.
• No mencionar ninguna carencia aunque existan: una declaración sin defectos reconocidos suele ser la primera señal de que no se ha hecho la evaluación en serio.