El concepto de consumidor marca dónde termina el B2B. La Directiva 2011/83/UE llama consumidor a la persona física que actúa con fines ajenos a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (artículo 3) va más allá e incluye a las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. El empresario se define en el artículo 4.
Dos obligaciones de la venta a consumidores no existen entre empresas. Una es el desistimiento: el consumidor que compra a distancia tiene catorce días naturales para desistir sin indicar el motivo (artículo 102 del texto refundido). La otra es el precio final completo, impuestos incluidos, que hay que indicar en las ofertas a consumidores (artículo 20). Ese artículo regula las ofertas a consumidores.
Entre empresas rige la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, que transpone la Directiva 2011/7/UE. Sin pacto, el plazo de pago es de 30 días desde la recepción de la mercancía. Las partes pueden alargarlo, pero en ningún caso por encima de 60 días naturales (artículo 4.3). La directiva permite plazos más largos si se pactan expresamente y no son manifiestamente abusivos para el acreedor. España no los permite. El interés de demora es el tipo del Banco Central Europeo más ocho puntos porcentuales, y el acreedor puede reclamar además una cantidad fija de 40 euros.
En el IVA, los servicios entre empresas de distintos países de la UE cambian quién paga el impuesto. El servicio se grava donde el cliente tiene la sede de su actividad (artículo 44 de la Directiva 2006/112/CE), y allí el IVA lo debe el cliente (artículo 196). En España lo recoge el artículo 84.Uno.2.º a) de la Ley 37/1992: cuando quien presta el servicio no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto, el sujeto pasivo es el empresario o profesional destinatario. En la práctica se habla de inversión del sujeto pasivo.
La factura electrónica entre empresas será obligatoria en España. La Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, añadió el artículo 2 bis a la Ley 56/2007: todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros. El Real Decreto 238/2026 fija los plazos: doce meses después de la entrada en vigor de la Orden HAC/1028/2026 para quien factura más de 8 millones de euros, y veinticuatro meses para el resto. La orden se publicó en el BOE el 5 de octubre de 2026 y entró en vigor al día siguiente.